Comisión de Libertad Condicional de Concepción aprueba 23 solicitudes en su segunda sesión 2025

En su segunda sesión de este año, la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Concepción aprobó apenas 23 de las 366 solicitudes presentadas por personas privadas de libertad en los siete centros penitenciarios de la región, equivalente a un 6,28% del total.



La instancia sesionó entre el 3 y el 15 de octubre, y estuvo presidida por la ministra Antonella Farfarello, junto al magistrado del Juzgado de Garantía de Concepción Marcelo Bustos; las juezas Claudia Etcheberry (TOP Concepción), Lathy Pérez (TOP Cañete) y Humilde Silva (Juzgado de Garantía de Talcahuano).



📊 Desglose por género y recinto penal



Del total de solicitudes, 353 correspondieron a hombres, de los cuales solo 20 obtuvieron el beneficio (5,66%). En tanto, de las 13 mujeres postulantes, 3 lograron acceder a la libertad condicional (23%).


En cuanto a los recintos de origen:


  • 6 internos son del CDO de Yumbel
  • 5 del CP del Biobío
  • 4 del CDP Arauco
  • 4 del CET Concepción
  • 2 del CDP Mulchén
  • 1 del CDP Lebu
  • 1 del CET Cañete




📌 Revisión exhaustiva de requisitos



La ministra Farfarello destacó el trabajo realizado:


“La comisión realizó un arduo trabajo, que se basó fundamentalmente en revisar que se cumplieran los requisitos que establece la ley, el periodo mínimo de postulación, la buena conducta y la revisión exhaustiva y detallada del informe de Gendarmería y en base a esa propuesta, acompañado de lo que presentaron las defensas, se tomó una decisión. Se escucharon alegatos y en dos causas incluso se escuchó a abogados de las víctimas”.


El trabajo de esta comisión está regido por el Decreto Ley N° 321, modificado por la Ley 21.124, que exige —entre otros requisitos— haber cumplido la mitad de la condena (o dos tercios para delitos graves), presentar conducta intachable y contar con un informe psicosocial favorable elaborado por Gendarmería.


Desde el 17 de septiembre de 2020, además, rige un reglamento que obliga a detallar de manera fundada si se cumplen o no todos los requisitos, prestando especial atención a la posibilidad de resocialización.




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